Buena gobernanza es una condición imprescindible para la implementación exitosa de políticas públicas para el bien de la ciudadanía, del medio ambiente y, por consiguiente, de la protección del clima y de la biodiversidad global. El gobierno peruano, en el contexto de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha comprometido con metas ambiciosas que buscan, entre otros, “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y construir, a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (ODS 16).

El Perú es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. A pesar de los avances significativos en materia económica y social, los impactos de las políticas públicas y los impulsos de reforma a nivel local aún no satisfacen las expectativas y requieren su profundización. Las desigualdades sociales y regionales siguen siendo un gran desafío nacional. La presencia de las estructuras estatales en las regiones es limitada y la debilidad de una gestión pública eficiente orientada al ciudadano, así como procesos burocráticos engorrosos abren espacios para la corrupción generalizada en todos los niveles políticos.

Cambiar esta dinámica es uno de los mayores retos estructurales del Perú. Con el objetivo de alinear el desarrollo de las instituciones públicas en todos los niveles al ritmo del crecimiento económico y de las crecientes expectativas de la población frente al Estado, el gobierno peruano aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. La implementación de esta política impulsó varios procesos de reforma en diferentes áreas de la administración pública, que tienen el potencial de remediar las deficiencias actuales y crear las condiciones que promuevan instituciones públicas eficientes y eficaces. Además, de camino a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) el gobierno peruano implementa el programa país, una serie de recomendaciones que estipulan, entre otros, la modernización de la administración pública, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y los procedimientos de control de normas.

La cooperación alemana apoya los esfuerzos del gobierno peruano en la alineación con los estándares de la OCDE sobre transparencia y orientación ciudadana. Acompaña el Perú en el proceso de mejoramiento del marco institucional de integridad y lucha contra la corrupción, la creación de agencias regionales de desarrollo para la mejor articulación de actores estatales y privados, así como en la adaptación y aplicación de herramientas digitales para una administración pública eficiente y orientada hacia la ciudadanía.